A la par que ha ido desapareciendo de las fábricas desde su prohibición hace cinco años, la estela del amianto asoma en las vidas de quienes, sobre todo por cuestiones laborales, han convivido con él. Y lo hace trágicamente, en forma de fibrosis pulmonar y cáncer de pleura, la membrana que rodea el pulmón. Todas estas dolencias tienen en común la gravedad y la dificultad de su detección precoz. «Desde que la minúscula fibra de amianto se aloja en el organismo hasta que se manifiesta como enfermedad pueden pasar de 20 a 40 años», explica el doctor Luis Paz-Ares, del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

De este conocimiento médico nacen las estimaciones que hablan de que el amianto, que se utilizó de forma masiva por tratarse de un material efectivo y de bajo coste entre las décadas de los 60 y 90, afectará en Europa a medio millón de personas hasta 2030; a 50.000 españoles; a entre 8.000 y 10.000 vascos.

Euskadi, cuna de la industria naval, uno de los sectores que hicieron de este aislante resistente al fuego y a la corrosión uno de sus materiales básicos, es una de las comunidades especialmente afectadas por esta dolencia junto a Galicia, Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Asturias. «El perfil de los afectados se corresponde con un hombre de entre 55 y 65 años. Operarios navales, de centrales térmicas y nucleares, electricistas, soldadores, trabajadores de la construcción y ferroviarias, mecánicos », explica Ángel Cárcoba, Técnico del Departamento de Salud Laboral del sindicato CC OO, pionero en denunciar las consecuencias atroces que acarrea la inhalación de este mineral.

La mayoría de los expuestos al amianto enferman y mueren fuera de su lugar de trabajo, una vez jubilados. «Sus propios compañeros ignorarán el fallecimiento o no sabrán a qué atribuirlo porque nadie les informó del suceso», añade Cárcoba, autor de El amianto en España (Ediciones CPS).

En ese sentido, el camino judicial para resarcirse en la medida de lo posible del daño generado se antoja difícil: «Los médicos de la empresa, las mutuas y la Seguridad Social achacarán la enfermedad y la muerte a cualquier otra causa, cuando no convertirán a la víctima en culpable por sus hábitos personales». Cárcoba ha conocido a «trabajadores que almorzaban junto a los molinos donde se descargaban sacos de amianto». «Me impresionó Luis Ridau, un hombretón que soldaba conducciones para centrales nucleares». «Que ningún obrero consienta que jueguen con su salud», dijo antes de morir.

El bufete británico Irwin Mitchell ha llevado ante el juez un millar de casos en los últimos diez años en Inglaterra y conseguido la creación en este país de un juzgado especializado en reclamaciones derivadas del amianto. Explica José María Lorenzo, director en España del despacho, que para que un caso por enfermedad por amianto sea aceptado en un tribunal hay que disponer de un diagnóstico «documentado»; demostrar dónde, cuándo y durante cuánto tiempo tuvo lugar la exposición con un certificado que establezca la relación laboral del reclamante con la industria que le empleaba.

Ayuda contar con la declaración de «testigos que puedan dar fe del contacto del trabajador con el amianto, así como de si se cumplían las medidas de seguridad establecidas para proteger la salud de los empleados». Después de especializarse en estos litigios en otros lugares de Europa, el bufete ha decidido instalarse ahora en España para tramitar casos de afectados de este país.

El plazo de prescripción para interponer la demanda civil es de un año desde el momento en que se dispone de un diagnóstico definitivo o finalice el tratamiento, si lo hubiera, o desde el fallecimiento de la víctima. En España, los Juzgados de la Social se encargan de este tipo de litigios. La cuantía de las indemnizaciones se calcula, hoy por hoy, con el baremo establecido para accidentes de circulación.

Eusebio Pabola. Se le declaró hace unos años la asbestosis (del griego asbestos, incombustible, como el amianto) a través de insuficiencia respiratoria, fatiga al mínimo esfuerzo, depresión. Algo empezó a sospechar «a raíz de ver que mis compañeros morían uno tras otro». Trabajó en la empresa Montero (en Retuerto, Vizcaya), dedicada a confeccionar aislamientos para barcos. «Nunca nos avisaron del riesgo, nunca nos proporcionaron mascarillas. Los buzos los lavábamos en casa». Hace unos meses le fue concedida la pensión por enfermedad profesional tras pasar por un tribunal médico. «Siempre he sido activo, independiente y alegre. Ya no».

Otro drama: el alavés Jesús Gabiña sabía que en los 64 rodillos de cada horno y en la masa que usaban para repararlos había amianto. «Pero nunca me dijeron que fuera peligroso». Recurrió a un abogado particular. «Poco que hacer hasta que no me lo reconozcan como enfermedad profesional. ¿Tengo que estar moribundo para que me hagan caso?», cuestiona. En la empresa, una vidriera, «se desentendieron de mí totalmente». El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ya condenó en su día a la compañía a pagar 123.000 euros a la familia de un operario fallecido dos años antes a la fecha del fallo -noviembre de 2005- «por la asbestosis contraída en el desempeño de su actividad profesional». Por el cáncer laboral.

Fuente: El Correo Digital