Entre otros, han asistido a la convocatoria los portavoces de los grupos Popular y Socialista, de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados, José Ignacio Echaniz y Manuel de la Rocha, y responsables de otras formaciones políticas (CiU), de la administración (INSHT), de asociaciones patronales del sector (ASPREM y ANEPA), de Sindicatos (CCOO, UGT y CSIF), de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Asepeyo, Universal, MC, Fraternidad), de Universidades (UAB, UCM), de Consejos de Colegios Oficiales (COGITI), y de asociaciones del sector (AMAT, AJSE, ACTSPRL). La propuesta, elaborada por los asesores jurídicos de AEPSAL, ha sido defendida por el Presidente de la Asociación, Manel Fernández, que ha comparecido acompañado por la Vocal de Relaciones Institucionales de AEPSAL, Marí Paz Serrano, y por el Presidente del Instituto Europeo, Manuel Peña.

La intervención del presidente de la asociación ha estado centrada en justificar la necesidad de regular estas nuevas profesiones, la del Técnico Superior y la del Técnico Intermedio, como lo están la mayoría de las profesiones consideradas de interés social, muchas de ellas de menor calado que la de estos técnicos especialistas. La importancia social de los Técnicos de Prevención, según el responsable de AEPSAL, es comparable a la de los Médicos del trabajo, pues al trabajador y a la sociedad le preocupa tanto la prevención de los accidentes de trabajo – sobre los que actúan los técnicos -, como la de las enfermedades profesionales – sobre las que actúan los médicos. Según dicho responsable, la actual situación de desregulación ha colocado a estas nuevas profesiones y a quienes las ejercen en una situación de completa perversión y dependencia de las leyes del mercado, que las aleja de los objetivos para los que fueron creadas por la Ley de Prevención de riesgos laborales, y que no son otros que los de la implantación de las normativas de seguridad y salud en el trabajo y el desarrollo de una cultura preventiva en el seno de las empresas. Otros elementos negativos de la desregulación son la colisión de competencias con otras profesiones, la ausencia de control sobre la calidad de la praxis profesional y el fomento del intrusismo profesional en el sector. Para apoyar estas afirmaciones, Fernández ha señalado que la Ley de Prevención estableció un sistema de acceso provisional para éstas nuevas profesiones, a través de formación no reglada, que ha llenado las arcas de muchas entidades formativas publicas y privadas, pero que no ha respondido a las necesidades y expectativas de la prevención, puesto que ha producido una bolsa de doscientos cincuenta mil titulados (entre Técnicos superiores y Técnicos intermedios), insufientemente preparados, cuando el nivel de ocupación y de exigencias del sector es de veintidós mil puestos de trabajo de especialistas bien experimentados en las diferentes áreas de la prevención laboral ( ergonomía, psicosociologia, higiene y seguridad).

En este sentido, Fernández ha remarcado que, por mucho empeño que se ponga, resulta imposible formar un técnico superior,especialista en una rama preventiva -como lo permite éste sistema y como se está realizando-, mediante un curso a distancia de seiscientas horas.

Si bien en el 2001 se aprobó una rama de segundo ciclo de formación profesional que habilita para el ejercicio de las funciones del Técnico intermedio, y que ha supuesto el agotamiento del sistema provisional de acceso a ésta escala, lo cierto es que la desregulación ha generado una pugna de los diferentes modelos de acceso a la formación ocupacional por acaparar cotas de formación para esta profesión. Asimismo, después de más de doce años de configurarse estas nuevas profesiones, aún persiste el sistema de acceso provisional para la escala de Técnico superior y la desregulación ha generado una carrera imparable de las Universidades por hacerse con el liderazgo de la formación en ésta profesión, de manera que en éstos momentos veintidós universidades españolas están ofreciendo una formación de postgrado en prevención de riesgos laborales, que no garantiza el reconocimiento del acceso a la profesión y que supone la ampliación y perpetuación del actual y aberrante modelo de formación de dichos Técnicos superiores, ya que ofrece la titulación a través de un curso teórico de tan sólo 60 créditos europeos ECTS. Para AEPSAL, el modelo adecuado de titulación de éstos profesionales habría sido el que actualmente predomina en la Unión Europea - donde los Técnicos Intermedios se encuentran ubicados en la formación profesional de primer grado y los Superiores en el segundo-, y, una vez consolidado el sistema, elevarlo de nivel - los Intermedios al ciclo formativo de segundo grado y los Superiores al Grado Universitario, dejando las especializaciones de éstos para el Postgrado. Sin embargo, debido a la actual situación de descontrol, que ha posibilitado que las Universidades tomen el timón de la formación de los Técnicos superiores y la ubiquen directamente en el Postgrado, la regulación que AEPSAL propone para estos Técnicos superiores, contemplada en su propuesta de Ley, es su ubicación directa en el Grado universitario y la de las especializaciones en el Postgrado.

Las consecuencias de ésta desregulación en la formación son “el derroche de fondos públicos de nuestras administraciones y de la Unión Europea, invertidos en formar a éstos titulados, que podrían haberse destinado a formar menos técnicos y mejor preparados; la creación de una bolsa de doscientos treinta mil titulados frustrados, que han puesto su dinero y su ilusión en éstas profesiones, pero que no encuentran trabajo en el sector; la precarización e indefensión de los profesionales ocupados; y el aislamiento de los Técnicos intermedios”.

Según Fernández, como consecuencia de la desproporción entre los titulados y los puestos reales del sector, las escasas ofertas de plazas de técnicos de prevención que salen al mercado cada vez presentan un mayor volumen de exigencias y de requerimientos y un menor nivel de contraprestaciones. Tal es así, que en estos momentos están apareciendo ofertas en el mercado para las que se requiere tener una carrera técnica y todas las especialidades preventivas, una experiencia de años de servicio y una gran disponibilidad horaria y de movilidad, con un salario de 16.000 Euros anuales, cuando hace doce años las ofertas salían con 24.000 Euros.

Al no existir una distinción clara entre el estatus y las funciones de las dos escalas de técnicos, estas ofertas siempre demandan exclusivamente Técnicos superiores, ya que las empresas consideran que “por el mismo precio, siempre es mejor contratar a un Técnico superior, pues puede hacer las funciones de superior y de intermedio”, obviando que son profesiones diferentes no superponibles. Esta situación está colocando a los cien mil titulados intermedios en una  situación límite de exclusión del mercado de trabajo.

Esta situación de precariedad salarial ha sido reflejada en las tablas salariales del primer Convenio del sector de la prevención, aprobado en Julio del 2008, en el que podemos observar que algunas categorías de Técnicos están situadas en el mileurismo. A pesar del importante avance que ha supuesto la aprobación de éste Convenio, en la regulación de las condiciones de trabajo de los Técnicos de los Servicios de prevención ajenos, el salario acordado para los Técnicos intermedios es de 16.320 Euros anuales y el de los superiores de 18.360, mientras que el de los Médicos, que está por debajo del mercado, es de 24.480 Euros. 

Otra consecuencia y resultado de la precarización es que los Técnicos están operando con una alta presión por parte de las empresas, tanto por lo que se refiere a su disponibilidad como al ejercicio de la profesión, lo que les coloca en una situación de riesgo de incurrir en responsabilidades penales, cuando se producen accidentes graves. Según Fernández, en estos momentos existe una cadena de Técnicos de prevención que están imputados por presuntas responsabilidades, como consecuencia de la presión a la que están sometidos y dado que la falta de regulación del ejercicio profesional no posibilita la existencia de un código deontológico y un órgano de control de la práctica profesional.

Otro aspecto que contempla la propuesta de Ley de AEPSAL es la regulación de la figura del Técnico de prevención Autónomo, para el ejercicio libre de la profesión bajo determinadas condiciones, como la disposición de la acreditación EurOSHM, establecida por la Red Europea de Organizaciones de Profesionales para la Seguridad y Salud en el Trabajo (ENSHPO).

Para finalizar su exposición, el presidente de la asociación señaló que los resultados de la desregulación son una sobredimensionada población titulada, poco preparada y frustrada, y una prevención de muy mala calidad, por lo que su Asociación espera de los responsables políticos que tomen nota de la dramática situación en la que se encuentran estas profesiones y que cumplan el compromiso asumido por algunas formaciones en sus programas electorales, entre ellas Convergencia y Unió y Esquerra Republicana de Cataluña, de crear un grupo de estudio dependiente de la Comisión de Trabajo e Inmigración, que analice la mejor forma de emprender dicha regulación. Resulta complicado poder explicar a nuestros colegas europeos de ENSHPO la situación de desregulación en la que se encuentran estas profesiones en España; que estos colectivos profesionales no tengan interlocución en los organismos de consulta y participación oficiales, como la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; y que estén percibiendo estos salarios tan bajos, cuando se les exige una titulación universitaria y una formación de postgrado y están asumiendo funciones de tan alta responsabilidad. Al finalizar la exposición de la propuesta, el Presidente del Instituto abrió un turno de preguntas en el que se produjo un intenso debate que reflejó la situación confusa de los actuales sistemas de acceso a las nuevas profesiones, las perversiones hacia las que están abocadas como consecuencia de la situación de desregulación y el interés por emprender la misma. A la posición contraria de la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA), a la apertura de un proceso de regulación de estas profesiones, señalando que dicha regulación se había producido a través del Convenio Colectivo, el presidente de AEPSAL apuntó que el Convenio sólo regula condiciones laborales y no el ejercicio profesional y que tan sólo acoge a los técnicos de los servicios de prevención ajenos y no a los de las Mutuas de accidentes ni a los de los servicios de prevención propios o mancomunados de las propias empresas.

Por su parte, el responsable del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo apuntó que el desarrollo de la Estrategia española en materia de seguridad y salud en el trabajo, para el ejercicio del 2007 al 2011, contempla la regulación de la formación de los técnicos de prevención, a lo que contestó el responsable de la asociación que si bien aplaude ésta iniciativa, la Estrategia está dirigida especialmente a la formación de la población trabajadora en prevención deriesgos y no es el marco adecuado para regularni la titulación ni otros aspectos del ejercicio de una profesión como la de los técnicos de prevención.

Para más información:Secretaria de la Asociación de Especialistas en
Prevención y Salud Laboral (AEPSAL)
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