Según se desprendió de la Sesión de Trabajo sobre el Cumplimiento Efectivo de la Ley de Integración Social de Minusválidos, organizada ayer en Barcelona por la Fundación Prevent y MC MUTUAL, como iniciativa conjunta de las dos entidades en el marco del Programa de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad UNOMAS, el importe de las sanciones por incumplimiento de la LISMI ascendió a 74.000 euros en el pasado año. El incumplimiento de la LISMI está considerado sólo una falta grave a la que le corresponde una multa de 3.000 euros.

Durante su intervención, el subinspector de Empleo y Seguridad Social y profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Jorge Pérez, aseguró que, en la actualidad, existen 214.000 personas con algún tipo de discapacidad en edad de trabajar pero este colectivo registra tasas de paro de hasta el 23%.

Jorge Pérez explicó que “la finalidad primordial de la LISMI es la integración de las personas con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo, es decir, en las empresas y en el mercado laboral o, en su defecto, la integración indirecta a través de Centros Especiales de Empleo (CEE)”. En este sentido, subrayó que los CEE han tenido mucho éxito en los últimos años pero añadió que “son un buen remedio pero no la solución”, ya que lo que verdaderamente se persigue es el cumplimiento de la Ley en las empresas.

En Catalunya, hay 5.500 empresas con más de 50 trabajadores que son susceptibles de incorporar a trabajadores con discapacidad para ocupar el 2% de su plantilla (27.000 en toda España), tal como establece la LISMI. Cuando existen causas probadas que no permiten el cumplimiento de la Ley, se aplican medidas alternativas de integración indirecta de discapacitados como los contratos a través de Centros Especiales de Empleo, la donación a entidades que promueven la inserción laboral de este colectivo o la constitución de un enclave laboral.

La Ley llevada a la práctica
Por otra parte, Andreu Cruañas, Director del Programa UNOMAS de la Fundación Prevent, dedicado activamente a la integración laboral de personas con discapacidad, destacó la importancia de una selección adecuada que case las capacidades del trabajador con las necesidades de cada empresa y las características del puesto requerido. 

En esta línea, según su experiencia, Cruañas aseguró que sólo el 26% de las empresas incluían medidas de integración de discapacitados antes de la entrada en vigor de la Ley, mientras que, del resto, más de la mitad la han adoptado de forma voluntaria y el 26% lo han hecho por requerimiento de la Administración.

La sesión de trabajo incluyó la experiencia práctica de la empresa aseguradora NorteHispana, perteneciente a Catalana Occidente y con una plantilla de 240 trabajadores. Su director de Recursos Humanos, Augusto Digón, explicó que la empresa tenía contratadas personas con discapacidad antes de la entrada en vigor de la Ley pero añadió que, a raíz de ella, inició un proceso de selección para los puestos de auxiliar administrativo, teleoperador, teleoperador de refuerzo y atención al cliente a través del Programa UNOMAS.

Augusto Digón afirmó que NorteHispana tiene un plan de integración personalizado para cada trabajador con discapacidad e indicó que, además, cuenta con un programa de sensibilización y formación para el resto de los empleados a fin de evitar “el miedo a lo desconocido”. A raíz del éxito de esta iniciativa, la empresa ha decidido subir el listón y emprender un nuevo proceso de selección para cubrir el puesto de responsable administrativo que cuenta con tres candidatos presentados por el Programa UNOMAS en sólo diez días. “Las empresas ya no sólo se tienen que plantear alcanzar beneficios, también tienen que  ser útiles a la sociedad”, concluyó.

Fuente: Strategycomm.net