En la actualidad esa cifra llega a los 33 inspectores y otros tantos subinspectores, o lo que es lo mismo, uno por cada 18.000 trabajadores. Así lo aseguró la consejera de Trabajo y Empleo, María Luz Rodríguez, que participó en Ciudad Real en el II Encuentro regional de Salud Laboral organizado por el sindicato CCOO.

Según reveló Rodríguez, existe además el «compromiso» del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, de que en el año 2008 «habrá otro importante refuerzo de inspectores de trabajo en Castilla-La Mancha» para llegar así a la media europea de un inspector de trabajo por cada 10.000 trabajadores.

La consejera de la administración regional también anunció en Ciudad Real que para el próximo año el presupuesto que se destina a la Dirección General de Salud y Seguridad Laboral se incrementará hasta un 25% sobre las cuentas de este 2007 para alcanzar los 12 millones de euros «dedicados a luchar contra la siniestralidad laboral».

Una «lacra» que se centra sobre todo en el sector de la construcción que acapara el 45% de los accidentes en el trabajo tal y como afirmó Rodríguez, que hizo una llamada al trabajo colectivo de los principales agentes sociales de la región para elaborar un «diagnóstico de porqué se produce la siniestralidad laboral y poder empezar a elaborar medidas y propuestas que tiendan a acabar de una vez con accidentes de trabajo y enfermedades profesionales» para así alcanzar el objetivo de siniestralidad cero.

Precisamente la consejera confirmó que ya se han establecido los contactos para firmar un nuevo acuerdo regional para luchar contra la siniestralidad laboral y recordó como Castilla-La Mancha ha sido la primera comunidad autónoma «que ha puesto en marcha un decreto por el que conoceremos el nombre y las características de aquellas empresas que incumplen de manera muy grave la ley de prevención de riesgos laborales que son una minoría».

Por su parte, el secretario regional de CCOO, José Luis Gil, mostró su apoyo a la «necesidad» de dar a conocer esos nombres de las empresas «no pueden contar ni con el amparo empresarial, social o político», al mismo tiempo que pidió que todos los trabajadores en activo de la región puedan disfrutar de cursos de prevención de riesgos laborales, para que así, según Gil, «antes de coger cualquier utensilio de su trabajo, los trabajadores tengan una formación previa que les permita preservar su vida, su salud y su seguridad y encarar la actividad laboral con más garantías».

Desde CCOO se afirmó también la intención de dotar a la próxima negociación colectiva con la patronal un papel «más activo» que permita definir acuerdos complementarios que desarrollen la Ley de Riesgos Laborales, para que de esta forma, en los distintos sectores productivos se tomen decisiones «que ataquen los problemas que más preocupan».