Para ello, el acuerdo contempla el intercambio recíproco de información entre la Consejería de Trabajo y Empleo y la Fiscalía del Estado, además de la mejora de la formación de ambas instituciones.

Según recoge el convenio, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2007 y se prorrogará si no hay denuncia en períodos de dos años, el Ejecutivo regional se compromete a poner en conocimiento de la Fiscalía las actas de infracción de accidentes de trabajo con resultado de lesiones muy graves o fallecimiento, las que den lugar a propuesta de sanción grave o muy grave, las actas de vulneración de la normativa cuando se trate de menores o colectivos sensibles y aquellas que muestren indicios de delitos.

La Fiscalía informará periódicamente de las acciones llevadas a cabo en relación con las actas, y la situación de los procedimientos administrativos suspendidos por imperativo legal al concurrir la vía administrativa con la penal.

Más seguros

Conde-Pumpido puntualizó que desde ayer los trabajadores de Castilla-La Mancha deben saber que están «un poco más seguros» y dejó claro que el acuerdo no pretende «criminalizar la actividad económica ni perseguir a ningún colectivo, ni de empresarios ni de profesionales», sino que busca perseguir con eficacia a quienes cometen hechos delictivos.

Barreda señaló que es fundamental la coordinación para que, una vez que se producen los siniestros, la actuación sea «más rápida, más eficaz, más clara y más justa», pues el hecho de que «alguien que va a ganarse la vida se encuentre con la muerte, es lo más cruel».

Fuente: ABC / MERCEDES VEGA TOLEDO